Durante los últimos veinte años vivir en pareja ya es algo mucho más normal. El número de personas que se casan se ha reducido gradualmente en los últimos años y muchas personas se encuentran viviendo relaciones de largo plazo con niños pero, lo malo es que legalmente no son un matrimonio. Recientemente, se han producido algunos cambios en las leyes que permiten que las parejas se registren como parejas de hecho sin tener que casarse, ni siquiera, por el juzgado.
Sin embargo, en muchas áreas cruciales existen diferencias importantes entre este tipo de parejas y las casadas. La consecuencia es que estas parejas no tienen los mismos derechos que las parejas casadas. Esto es a menudo una sorpresa para la pareja de hecho si llega el momento de separarse o la defunción de una de las partes.
Bajo la ley actual las parejas que se separan no tienen el mismo nivel de protección que las parejas que se divorcian. En muchos casos, al final de una relación de cohabitación una persona se encuentra en una situación económica vulnerable. El resultado es que, a menudo, una pareja de hecho tendrá menos recursos legales que sus contrapartes casadas. Tras la disolución del matrimonio cualquiera de las dos partes puede solicitar el apoyo financiero de su cónyuge.
También pueden reclamar una parte de la pensión de su cónyuge. Sin embargo, al final de una relación de parejas de hecho los activos pueden depender en gran medida de cómo esos activos son en propiedad de uno o de otro. En resumen, podría darse el caso de que una persona que esté con su pareja de hecho se pueda encontrar sin propiedades que pensaban que al ser de su pareja les correspondía una parte. Lo mejor es te informes en un abogado experto en este tipo de casos.